No deseo abundar en cifras. La tendencia mundial es evidente: la familia humana afronta una crisis multifactorial de profundas repercusiones, que va desde el crecimiento/decrecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida, en algunos países, hasta impactos sin precedentes por la influencia de la pobreza, la desigualdad, la emigración y la violencia de diverso jaez.
A lo anterior se suman las corrientes abortistas, la influencia de los medios audiovisuales y las redes sociales, el silencio de los gobiernos e iglesias, los nuevos patrones de comportamiento de las parejas, con adolescentes que desarrollan una vida sexual activa y problemas sucedáneos como la maternidad prematura y cientos de menores en desamparo, y la violencia intrafamiliar que ha llegado a niveles impredecibles.
El Ecuador tiene una Constitución garantista, pero, hay que decirlo, numerosas garantías -como la salud reproductiva- han quedado en el papel o sin incidir en las causas de los conflictos que afectan a las familias. Las políticas públicas son declaraciones y el aparato estatal, salvo excepciones, revela serias deficiencias que no pasan de paños tibios o programas parches sin trascendencia. Si bien algo se ha avanzado en el ámbito legal, para amparar a las madres y sus hijos, a través de comisarias y mecanismos de defensa, la familia ecuatoriana en su conjunto está en indefensión.
Se reconoce que la familia es el núcleo central de la sociedad; por eso constituye la caja de resonancia del cuerpo social, y si la sociedad está enferma, la familia replica y amplifica esa descomposición que adquiere visos realmente preocupantes. Un componente de esta situación es, como se mencionó, la violencia intrafamiliar que delata un dramático cuadro silencioso que lesiona a los seres humanos, en los ámbitos éticos, psicológicos, culturales, médicos y sociales, ante los cuales el Estado se muestra indiferente.
La salud integral -la atención primaria de salud, la salud reproductiva y la salud mental, en particular- debe tener asidero en respuestas eficaces, oportunas y rigurosamente científicas. La familia necesita nuevas políticas públicas, con una sólida agenda en la que participen el Estado, la sociedad civil y el sector privado. ¿Por qué la clase política no se preocupa de estos temas sociales, y no exclusivamente, de escándalos que dividen y perjudican a la nación?