El gobierno del presidente Noboa ha resuelto, discrecionalmente, retirar la visa a la comunicadora cubana Alondra Santiago Rodríguez, por realizar “actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado”, sobre la base de un informe clasificado como secreto. La característica de secreto se fundamentaría en la Ley de Seguridad Pública y del Estado del año 2009. Es de esperar que los fundamentos de tal decisión, sean nítidos y no guarden relación con los pronunciamientos de conocimiento público de la aludida que, siendo comprensiblemente incómodos e impertinentes, no darían lugar a coartar su libertad de expresión, piedra angular de la democracia, lo cual tampoco implica ni significa por cierto, eliminar su responsabilidad ulterior establecida en la ley.
Escribir una columna de opinión, es un acto de honor y de responsabilidad, en el que, línea a línea, párrafo a párrafo, se manifiestan, convergen y encuentran con determinación y humildad la conciencia y la verdad, a fin de dar lugar a los razonamientos y conclusiones propias (acertadas o no).
El retiro de la visa, independientemente de si es mujer u hombre, de su ideología política, simpatía o antipatía, no podría proceder para efectos de restringir la libertad de expresión, pero sí tendría sentido por otros motivos, como por ejemplo, estudiando la viabilidad jurídica, en función de hacer respetar la dignidad de la nación, la majestuosidad de la presidencia y el respeto a los ciudadanos en particular; ya que, resulta inaudito y un contrasentido permitir el ingreso a casa a un tercero, y paciente, sino tontamente dejar que humille y se exprese en tono burlón en la sala; circunstancia en la cual cabe, inteligente, civilizada y sin miramientos indicarle la puerta de salida (preferiblemente la de atrás), lo cual lleva implícito la manifestación de persona no bienvenida. En la madrugada de este viernes 28 de junio, A. Santiago habría ya salido presurosa del país, probablemente preocupada de no ser deportada.
Se puede entender esto de mejor manera, si vemos el caso de los Estados Unidos, país en el que la justicia, la democracia y la libertad de expresión funcionan en gran medida. Cuando dicho país retira la visa a una persona, no está obligado a exponer los motivos, sino que lo hace en el libre ejercicio de su soberanía, lo cual va acorde con la facultad soberana de permitir o no el ingreso de personas a su país.
El retiro de la visa, en la perspectiva indicada, buscaría manifestar la justa molestia por una inquilina irrespetuosa y majadera, sancionando con la decisión el impropio comportamiento, la forma chabacana, las maneras poco educadas y provocadoras de dirigirse a un sector de ecuatorianos que piensan diferente que ella; por mal utilizar y denigrar un símbolo patrio (lo cual no es delito) pero sí una grosera intromisión; y, por supuesto, por la falta de gratitud de la visitante para el país. Y, digo no tendría como fin restringir su libertad de expresión, ya que la aludida se comunica y expresa principalmente por redes sociales y, por ende, toda vez que, hoy en día justamente las redes sociales y plataformas digitales han cambiado el concepto de fronteras, espacios y horarios, por consiguiente, dicha persona seguramente en otro país que la acoja – como otrora el Ecuador – seguirá diciendo, actuando y disparando de la manera en que lo ha venido haciendo; pero por lo menos la dignidad del país estará siendo respetada; y, a la vez, será un claro mensaje, para otros personajes que, escudados en el periodismo y en la libertad de expresión, se sienten más allá del bien y del mal, todo poderosos, con derecho a faltar el respeto, a ofender e incluso a juzgar (entiéndase sentenciar) mediáticamente.