Este martes 4 de junio de 2024, la Corte Nacional de Justicia instaló la audiencia a 13 personas que están vinculadas al caso Purga. Wilson Toainga, fiscal subrogante, será el encargado de presentar las evidencias para que los involucrados sean vinculados al proceso penal.
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El Caso Purga en Ecuador investiga una presunta red de corrupción dentro del sistema judicial del país. Las autoridades han señalado la posible manipulación de procesos judiciales, tráfico de influencias y sobornos que habrían afectado el desarrollo de juicios y decisiones judiciales.
Esta audiencia se centrará en las acusaciones de presunta delincuencia organizada contra varios jueces y exjueces, así como el exasambleísta Pablo Muentes y otros implicados.
La fiscal general, Diana Salazar, ha solicitado prisión preventiva para la mayoría de los procesados, argumentando que estas medidas son necesarias para evitar la continuidad de las actividades ilícitas y asegurar la presencia de los acusados en futuros procedimientos judiciales.
Testimonios anticipados en caso Purga
Mayra Salazar rindió su testimonio anticipado en el caso Purga, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. La audiencia se instaló desde las 09:00 del pasado lunes 3 de junio de 2024.
El primer tema que mencionó Mayra Salazar fue sobre el Banco del Pacífico y “cómo el señor Pablo Muentes A. (procesado y exasambleísta) manejaba el sistema judicial de Guayas para su beneficio”.
El segundo punto fue debido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Además, se refirió a María Fabiola G. R. (procesada) y cómo cambiaba fallos judiciales a cambio de “dádivas”.
También apuntó al tráfico de tierras de Pablo Muentes A., por el que se encuentra procesado el primo hermano, Fausto A. Este se “hizo público, señor Juez, porque así lo denunció el exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio“.
Daniel Salcedo detalló que, en el 2022, un abogado le presentó a Banny Molina, juez de Manabí. Este funcionario le habría ofrecido dejarlo libre. Sin embargo, el primer paso habría sido la negociación con un operador, quien acudió a la Cárcel 4, en Quito.
Salcedo indicó que ese negociador fue Christian R. Pero no solo se habría reunido con él, sino con el exvicepresidente Jorge Glas, quien en ese entonces también estaba detenido en El Inca.
Inicio de la audiencia
Este 4 de junio de 2024, alrededor de las 09:00, el juez Javier de la Cadena instaló la audiencia después de confirmar la presencia de los defensores de todos los posibles vinculados. Inmediatamente, el fiscal Wilson Toainga presentó la identidad de las 13 personas.
Entre ellas, destacó que Mercedes V., exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas, abandonó el país antes de esta audiencia con destino a Europa y no ha regresado.
El fiscal Wilson Toainga detalló cómo este grupo buscaba perpetuarse en el poder, utilizando la justicia como herramienta para sus intereses personales.
Un entramado de favores y tráfico de influencias
Toainga expuso el caso del traslado de Muentes a la cárcel de La Roca, donde, según él, el líder de Los Choneros “encontró en los miembros de esta organización para beneficiarse a través de las decisiones”.
Para mantener su influencia, Muentes y sus cómplices habrían buscado instalar a Hugo G. como presidente de la Corte. González, a su vez, impulsó la marcación electrónica de los jueces, iniciativa que beneficiaba a Muentes y sus aliados.
El fiscal Toainga señaló que la Corte Provincial de Justicia de Guayas se convirtió en el “epicentro de la desnaturalización del derecho”.
Un ejemplo de esta corrupción es el caso del Banco del Pacífico, donde Muentes, mediante una sentencia favorable, logró una reparación de 4 millones de dólares a través de una hábeas data.
En este caso, la jueza Silvia O., también involucrada en la red, habría favorecido a Muentes, mientras que Mercedes V. y Fabiola G. habrían logrado cambiar el tribunal a su favor en la apelación.
Tráfico de tierras: otro frente de la red
La investigación también apunta a un caso de presunto tráfico de tierras de la familia Muentes. La jueza Andrea P., otra de las implicadas, habría ordenado rectificar la información catastral de un predio en Durán a nombre del primo de Muentes, Fausto A. El terreno tenía un avalúo de alrededor de 200 000 dólares.
El fiscal Wilson Toainga detalló las evidencias que demuestran la participación de estas personas en el esquema delictivo liderado por el ex asambleísta Pablo Muentes.
Vinculación del fiscal subrogante a los 13 involucrados
El fiscal Toainga destacó que la corrupción en el sistema judicial de Guayas sigue siendo un problema grave, utilizado para beneficios económicos y políticos, privando a los ciudadanos de justicia imparcial.
La Fiscalía solicitó al Juez que dicte prisión preventiva para los 13 nuevos procesados por delincuencia organizada, presentando más de 140 elementos de convicción para formular los cargos en su contra.
Cerca de las 15:15 se reinstaló la audiencia de vinculación contra 13 nuevas personas vinculadas.
La defensa de las personas vinculadas mencionaron que no existen elementos para pedir prisión preventiva solicitada por la Fiscalía General del Estado a los nuevos implicados en el caso Purga.
Por la noche de este martes 4 de junio de 2024, la Fiscalía también solicitó prohibición de enajenar bienes por 35 millones de dólares para los nuevos 13 vinculados.