El caso de Charly Pareja desnuda la obscenidad del poder. Nada ha cambiado en este país; y nada cambiará mientras se reproduzcan los mismos patrones de ejercicio de la política. La administración pública sigue siendo un botín para enriquecerse, para dispensar favores, para hacer negocios y negociados.
El común de los ecuatorianos nos preguntamos cómo un conspicuo dirigente socialcristiano pudo hacer negocios con la empresa pública de hidrocarburos durante tanto tiempo. Y a vista y paciencia de las autoridades. ¿O es que ahora saldrán a decir que no sabían de quién se trataba?
Lo que este caso revela son las relaciones informales que se tejen al amparo de una retórica virulenta y aparentemente contrapuesta. El discurso oficial se desgañita estigmatizando a ciertos sectores políticos; no obstante, parece que los intereses contantes y sonantes son los que terminan marcando la pauta. Los argumentos ideológicos quedan convertidos en simples pantallas para disimular acuerdos concretos.
Charly Pareja fue uno de los hombres de mayor confianza de León Febres Cordero. Hoy, el Gobierno lo responsabiliza de la red de corrupción tejida alrededor de Petroecuador. Y ha emprendido una implacable cacería para traerlo al país y someterlo a la justicia.
En principio, la decisión luce acertada: nadie puede gozar de privilegios frente a la ley.
Perseguirlo, y eventualmente capturarlo, puede ser una buena movida para aparentar una lucha frontal contra la corrupción. Sobre todo hoy que el escándalo de los sobornos de la empresa Odebrecht amenaza con transformarse en un verdadero tsunami político.
Sin embargo, esta iniciativa no desvirtúa las revelaciones respecto de los negocios que continúan haciendo antiguas empresas relacionadas con figuras socialcristianas en el sector petrolero. Fernando Villavicencio lo ha denunciado con datos, nombres y cifras. Seguramente por eso lo acosan con ahínco.
En esencia, la desinstitucionalización operada durante estos diez años de correísmo ha profundizado la informalidad política. Las relaciones basadas en el parentesco, la amistad o las afinidades corporativas se imponen sobre las disputas partidistas. La lucha por los recursos se hace en la trastienda, no en el espacio público, donde se supone que se resuelven los conflictos sociales en una democracia moderna. Por eso las combinaciones y acuerdos políticos resultan cada vez más insólitos e inverosímiles.
El régimen esta cuestionado por denuncias de corrupción y hace lo imposible por lavar su imagen. Sacrificar algunas piezas claves es una medida desesperada e inútil, aunque mediáticamente oportuna. Es lo que está ocurriendo con el caso Petroecuador. No obstante, a los ojos de la gente los amarres furtivos son cada día más obvios.