Se dice -y con toda razón- que las normas nos “persiguen” desde que nacemos hasta que morimos. Los seres humanos estamos impregnados de leyes y reglamentos, donde los documentos forman parte inseparable de nuestro archivo vital.
Partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción; contratos de diversa índole; escrituras, nombramientos, actas, certificados, testimonios, citaciones y notificaciones utilizan el lenguaje escrito que, según los “cánones” jurídicos, responden a formatos, expresiones y modismos que el común de los mortales no comprende, o disimula que comprende con dificultad.
El lenguaje jurídico es parte sustancial de la formación de los profesionales del derecho. En mis tiempos universitarios, tuve un magnífico profesor de Derecho Romano -el doctor Carlos Larreátegui Mendieta-, quien dominaba el latín y el griego, y también la Lógica Jurídica, que daba fundamento al discurso oral y escrito de los aprendices de Papiniano, famoso jurisconsulto romano. “Quien conoce las raíces del lenguaje jurídico y sus instituciones, así como las lógicas inmersas, está capacitado para ejercer la abogacía y defender la justicia”, reafirmaba Larreátegui.
Estos conceptos tienen vigencia, cuando leemos con preocupación -demandas, escrituras y oficios de diversa laya-, textos con sintaxis defectuosa e inclusive con faltas de ortografía. Existen algunas razones: la falta de preparación de algunos juristas y secretarios, el uso intensivo de las tecnologías en las que predomina el famoso “copy paste”, y la actitud desaprensiva de no pensar en el público -que en general no es letrado- sino en el papeleo.
Sería interesante que se diseñe un barómetro para medir la opinión ciudadana sobre los textos jurídicos en el Ecuador. Estoy seguro de que la mayoría de los ciudadanos consideraría que el lenguaje jurídico es complicado y difícil de entender por ser críptico y oscuro.
Sería promisorio implementar mejoras en el lenguaje jurídico, por parte de las autoridades judiciales y las universidades, porque el estado llano tiene derecho a comprender las leyes y los trámites en términos claros y sencillos, y no intimidatorios.