Con la intervención de seis asambleístas, el Pleno de la Asamblea cerró el primer debate del proyecto de Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, este martes 13 de diciembre del 2022.
El objetivo de esta iniciativa legislativa es regular el procedimiento de cambio de sexo de las personas transexuales en la cédula de identidad.
En el Pleno no hubo cuestionamientos de los legisladores del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik que intervinieron en el debate.
Los asambleístas argumentaron que la normativa cumple la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó al Parlamento su elaboración, como una forma de ir contra la discriminación que enfrentan las personas transexuales.
Requisitos
Sofía Sánchez, subcoordinadora del bloque de Pachakutik, fue la ponente de este proyecto. Adujo que esta ley es necesaria porque el Registro Civil actúa de manera subjetiva con estos ciudadanos, y en cada provincia se les pide distintos requisitos como exámenes hormonales, testigos u otros medios probatorios.
Por eso, detalló que con este proyecto para el cambio de sexo de las personas transexuales solo se requerirá que la persona que requiera este servicio sea mayor de edad, y envíe una solicitud al director provincial del Registro Civil con su nuevo nombre. Podrán aplicar extranjeros en situación migratoria regular.
Sánchez remarcó que la rectificación en el documento de identidad no alterará las obligaciones jurídicas de estas personas, como el pago de pensiones alimenticias o deudas en los bancos.
Precisó que a través de la reforma se podrá rectificar el sexo, cambiar el nombre e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida y se conservará el número de cédula original.
Los legisladores sugirieron que en el texto se agregue que los nombres podrán ser cambiados, rectificados, adicionados, unificados o suprimidos, porque es necesario mantener una correcta estructura idiomática; lo propio en cuanto a los apellidos, ya que se debe distinguir lo que es la posesión notoria de la rectificación.
El proyecto regresó a la Comisión de Garantías Constitucionales, que deberá elaborar el informe para el segundo y definitivo debate.
Cooperación universitaria
Por otra parte, el Pleno aprobó un proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este permitirá a las universidades, escuelas politécnicas e institutos públicos de investigación acceder a programas de cooperación internacional y recursos no reembolsables, de manera directa a través de su máxima autoridad y no a través de la Secretaría Nacional de Planificación.
De esta forma, según la Asamblea, se apunta a lograr un proceso ágil y oportuno que promueva la capacidad científica en el Ecuador. La norma fue aprobada con 108 votos a favor de 133 asambleístas presentes; el oficialismo se abstuvo. El texto irá al Ejecutivo para sus observaciones.
Ley de juventudes
Además, tras un breve debate, con 105 votos a favor de 127 asambleístas presentes en modalidad virtual, el Pleno se ratificó en el proyecto de Ley de Juventudes que fue vetado parcialmente por el Ejecutivo por posibles inconstitucionalidades. El oficialismo se abstuvo.
Según la normativa que irá al Registro Oficial, se considera joven a toda persona comprendida entre los 18 y 29 años de edad. Allí se establece el derecho a la participación y organización social, a la salud integral y de calidad, a los servicios culturales y patrimoniales; al trabajo en condiciones justas; a la educación; acceso al sistema financiero; a la movilidad humana; al deporte y demás.
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