Daniel Noboa Azin, presidente de la República ha declarado un estado de excepción focalizado en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay.
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Esta medida, implementada mediante el Decreto Ejecutivo Número 318, tiene una vigencia de 60 días y busca abordar la grave conmoción interna y conflicto armado que afecta estas áreas.
El estado de excepción cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), que en su calidad de observadora jurídica, ha elaborado un informe que concluye que el decreto se ajusta al marco constitucional.
La implementación de esta medida tiene como objetivo fortalecer las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, asegurando el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, especialmente en las provincias mencionadas.
Con este decreto, el gobierno de Noboa reafirma su compromiso con la protección y la seguridad del país en momentos de crisis.
Respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA) para Decreto de Daniel Noboa
La entidad no gubernamental WJA, con 60 años de trayectoria y estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, reúne a destacados profesionales del ámbito jurídico. Su objetivo es cooperar en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Recientemente, WJA estableció un Comité Internacional para el Seguimiento del Estado de Derecho en Ecuador, el cual emitió un informe jurídico sobre la adecuación del proyecto de Decreto Ejecutivo de declaratoria de estado de excepción a la Constitución, concluyendo que cumple plenamente con la disposición constitucional.
En una rueda de prensa en Quito el 27 de junio, José Francisco Estévez, director del Área Internacional del WJA, afirmó que el estado de excepción es una medida de protección del Estado de Derecho, mejorando la seguridad en el país. Elena Fernández, experta en temas de narcotráfico y crimen organizado, insistió en que el decreto cumple con los parámetros constitucionales y de la Corte Constitucional de Ecuador.
El informe del Comité destacó el enfoque en los marcos jurídicos nacionales e internacionales que rigen la institución del estado de excepción.