De los cinco asambleístas de Pachakutik (PK) denunciados por el presidente Guillermo Lasso, solo Gissella Molina respondió a este Diario con su postura.
Molina calificó la acusación del Presidente de equivocada y refleja inmadurez política. Rosa Cerda, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla son los otros legisladores denunciados que se abstuvieron de dar declaraciones.
Los denunciados “habrían pedido beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor” del proyecto de Ley de Atracción de Inversiones, en una reunión del 22 de marzo realizada con colaboradores de la Presidencia. Así lo señala el primer Mandatario en una solicitud enviada a la Fiscalía el 26 de marzo, para que se investigue a los legisladores.
El silencio de los otros cuatro legisladores quizá se debe a que esta tarde están convocados a una reunión con el jefe de bloque de PK, Rafael Lucero, en Quito. El objetivo es conocer la versión de los denunciados.
“Yo no conozco ni he sabido que hubo esa reunión que dice el Presidente (Lasso). Ahí quedan preguntas flotando, quién buscó la reunión. ¿Acaso será la Presidencia?”, aseguró el jefe de bancada.
Molina también aclaró que votó para que no se archive el proyecto, a diferencia de sus otros compañeros. “Yo he votado para que se puedan hacer las reformas en el proyecto. Entonces, significaría que yo de pronto accedí a algún tipo de coimas, como vienen diciendo. Y es un tema que queda en manos de la persona que me está acusando. Pero mi voto ha sido razonable”.
A su vez dijo que parte de su trabajo fue escuchar a diferentes colectivos y mantener diversas reuniones para recibir aportes con relación al proyecto de ley. Pero que no se ha reunido con personal del Ejecutivo.
La legisladora está abierta a que la Fiscalía investigue y dará seguimiento al caso. Mientras tanto ratificó su inocencia.
Lucero aseguró que el bloque no obstaculizará las investigaciones que se den y si se demuestran responsabilidades de los legisladores, “se tomarán cartas en el asunto”.
No obstante, cuestionó la credibilidad de Lasso por no hacer la denuncia en el momento del supuesto ilícito. “¿Por qué lo hace después de no tener los votos respectivos?”, sospechó.
Lucero votó por el archivo del proyecto y ratificó que “mientras el Gobierno siga enviando estos proyectos de ley que atentan contra la soberanía del pueblo ecuatoriano, no va a tener el respaldo”.