La Corte Constitucional estableció un plazo de 30 días para desclasificar actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) sobre el secuestro y posterior asesinato de equipo periodístico de EL COMERCIO.
Javier, Paúl y Efraín fueron secuestrados el 26 de marzo de ese año y el 13 de abril, Lenín Moreno, quien ejercía como presidente de Ecuador, confirmó su asesinato a manos del Frente Oliver Sinisterra.
La sentencia se dio el 4 de abril de 2024. Sin embargo, desde el Gobierno argumentaron que recibieron la notificación el 12 de abril. De ahí que sostuvieron que aún se encuentran dentro del plazo legal. La sentencia establece que el Ministerio del Interior es el encargado de la entrega de la información.
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La Corte Constitucional dispuso la desclasificación mediante la sentencia 4-21-DN/24. Aunque, esta limita el proceso a las actas 18 del 28 de marzo de 2018, 19 de 13 de abril de 2018, y 20 del 17 de abril de 2018, así como los audios, transcripciones y la lista de integrantes de las sesiones del Cosepe, relacionadas con el caso.
Hasta la mañana de este 8 de mayo, familiares del equipo periodístico indicaron que no recibieron la información. De hecho, la reunión a la que fueron convocadas por el Ministerio del Interior, para las 10:00, se suspendió.
No obstante, luego de la cancelación, los familiares recibieron la noticia: la información se entregará este jueves, 9 de mayo de 2024, en la Presidencia de la República.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, informó a EL COMERCIO que recibirán los datos a las 15:00.
¿Qué pasa si no se entregan las actas desclasificadas?
André Benavides, abogado constitucionalista, explicó que no entregar la información constituiría un incumplimiento de una decisión legítima de una autoridad competente.
Eso supondría un delito tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de uno a tres años de privación de libertad. De ser el caso, la Fiscalía deberá determinar las responsabilidades.
Antes de al ámbito penal, la Corte Constitucional puede activar la fase de seguimiento y cumplimiento de sentencia. La institución, dice Benavides, también podría dar paso a la destitución del funcionario encargado de entregar la información.