La Asamblea Nacional aprobó una ley que garantiza las transferencias directas y automática de los montos que les corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) por impuestos y venta de petróleo. La nueva normativa, más allá de ser un derecho de los gobiernos seccionales, puede poner más presión en las cuentas fiscales, según expertos. El presidente Daniel Noboa debe pronunciarse máximo hasta el 9 de junio de 2024.
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¿Qué dice esta normativa?
La nueva normativa, denominada Ley para Asegurar la Asignación Directa de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, establece que los montos sean depositados directamente desde el Servicio de Rentas Internas (SRI) a las cuentas de los gobiernos seccionales en el Banco Central del Ecuador (BCE), sin pasar por el Ministerio de Finanzas, durante los primeros cinco dÃas de cada mes.
La normativa también estable un plazo de 90 dÃas, posteriores a la entrada en vigor de la ley, para que el Gobierno central se ponga al dÃa con los valores adeudados a los GAD, (prefecturas, municipios y juntas parroquiales).
Según el Ministerio de Finanzas, entre enero y abril de este año, el Gobierno acumula atrasos por 666,3 millones de dólares, por Modelo de equidad territorial, devolución de impuesto al valor agregado (IVA), entre otros rubros. Pero, la deuda total con los GAD, incluida la de gobiernos anteriores, superarÃa los 1 900 millones de dólares.
Las autoridades locales están “contentas” con la aprobación de la normativa, que estuvo en trámite en la Asamblea Nacional, desde el 2021. Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) señaló que esta ley permitirá una verdadera descentralización, que es necesaria para el paÃs. Â
“Como autoridades locales estamos extremadamente contentos de que se haya dado paso para que se transfieran los recursos de forma directa y oportuna”, dijo Maldonado, en un conversatorio con medios.
Además, agregó que están conscientes de que hay una brecha fiscal que se debe solucionar. Por ello, los gobiernos seccionales están abiertos para llegar a un acuerdo sobre las deudas, pero que desde aquà en adelante se entreguen los recursos de una manera oportuna, dijo.
¿Esta ley aumenta la presión fiscal?
Para Alberto Acosta Burneo, analista económico, esta ley no contempla la realidad del paÃs. Aunque reconoce la necesidad de regularizar estos pagos para que los recursos vayan directamente a los GAD, afirma que no se puede poner plazos para el pago de la deuda. El Estado no cuenta con esos montos y deberÃa endeudarse más para cumplir con esta ley.
Tampoco se puede pensar que el retraso en las transferencias sea solo “falta de voluntad polÃtica”, dijo Acosta Burneo. El paÃs tiene más gastos que ingresos, lo que incrementa la brecha fiscal cada año, agregó.
Los problemas fiscales del paÃs no solucionan con la aprobación de leyes en la Asamblea, sino que debe haber un proceso para reducción de gastos, para que el Gobierno central no tenga la necesidad de utilizar recursos que no le corresponden, dijo.
La normativa, aprobada en segunda instancia con 106 votos a favor, debe seguir el proceso legislativo. El presidente Daniel Noboa puede promulgarla y enviarla al Registro Oficial si está de acuerdo con el texto, con esto entrarÃa en vigor de forma inmediata.
También tiene la opción de vetarla totalmente, en cuyo caso la Asamblea no podrá tratar esta ley durante un año. Además, puede vetarla parcialmente, y el Legislativo tendrá la opción de aceptar o rechazar las objeciones presidenciales, para ello necesita más de 90 votos a favor.