¿Cuáles son las protecciones legales para las mujeres con embarazo de alto riesgo en Ecuador?
Las mujeres con embarazo de alto riesgo constituyen un grupo de atención prioritaria en Ecuador y el mundo.
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Tratados internacionales, leyes orgánicas y otros instrumentos emitidos por organismos autorizados en el paÃs hablan sobre las protecciones legales de las mujeres gestantes y los niños con relación a su actividad laboral.
¿Qué pasa con las protecciones legales para las mujeres con embarazo de alto riesgo?
La abogada experta laboral, Vanessa Velásquez, explica que la Ley de Orgánica del Derecho al Cuidado Humano (LODCH) es la que tiene un papel protagónico en este tema.
Velásquez dijo al respecto: “Con esta Ley es más especÃfico el derecho que tiene no solo a cuidar, sino a ser cuidado, con base en esta disposición legal, que es aplicable para el sector privado y el sector público, todas las mujeres que podrÃan tener un embarazo de riesgo tienen esta protección y tiene que evitarse cualquier situación que vaya en contra de mi derecho a ser cuidado”.
El artÃculo 12 de la LODCH habla de las personas trabajadoras con capacidad de gestación y señala: “El Estado garantizará a las personas con capacidad de gestación, en perÃodo de embarazo, parto, puerperio, lactancia y cuidado humano en el ámbito laboral, los derechos señalados en la Constitución de la República y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en la materia, mediante la estabilidad reforzada, la prohibición del despido, el goce de permisos y licencias remuneradas y no
remuneradas, polÃticas públicas, entre otros”.
Esta Ley fue publicada en el Registro Oficial el 12 de mayo de 2023.
La Constitución y otras leyes para la protección de las mujeres embarazadas
Además del derecho a la salud establecido en el artÃculo 32 de la Constitución; con anterioridad a la LODCH, los permisos para las mujeres embarazadas con alto riesgo se regulan a través del Código de Trabajo (CT) y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
Las mujeres con embarazo de alto riesgo son diagnosticadas por un médico especialista.
Con ese respaldo médico, ellas pueden acogerse a varias disposiciones legales que amparan su situación, tanto en el sector privado como en el público.
El artÃculo 153 del CT establece que no se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa de embarazo y el 154 señala que si existe incapacidad para trabajar por embarazo o parto, según el certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social u otro facultativo a su falta, tampoco podrá ser despedida.
En la Losep, el artÃculo 60, plantea que los puestos que ocupen las mujeres embarazadas no podrán suprimirse.
Embarazo de alto riesgo: La PGE sustentó la suspensión del juicio polÃtico a Diana Salazar
Ante la consulta del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, sobre la situación de la fiscal general, Diana Salazar y su juicio polÃtico; la ProcuradurÃa General del Estado (PGE) respondió.
En 14 páginas, el procurador, Juan Carlos Larrea, cita la Convención Interamericana de Derechos Humanos por la garantÃa del debido proceso, los derechos establecidos por la Constitución.
Además, las especificidades del derecho al cuidado de la LODCH, los derechos de los menores en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y sentencias de la Corte Constitucional relacionadas a estos temas.
Por ejemplo, la sentencia No. 3-19-JP/20 que dice: “El Estado tiene la obligación de proteger a las mujeres embarazadas, en maternidad o en periodo de lactancia, en el contexto laboral”; y, en la sentencia No. 904-12-JP/19, sobre una mujer de 27 años en su cuarto embarazo, en el que señala que las mujeres embarazadas pertenecen a un grupo prioritario y “merecen atención personalizada y prioritaria”.
El procurador concluye que tanto el CAL como la Comisión de Fiscalización “pueden, en aquellos casos, debidamente justificados en los cuales una autoridad interpelada se encuentre en estado de gestación y sea diagnosticada con alto riesgo en el embarazo, suspender la sustanciación y tratamiento del respectivo juicio polÃtico a fin de garantizar sus derechos”.
Diana Salazar habló sobre la legislación en casos de mujeres con embarazo de alto riesgo
Cuando la fiscal general informó sobre su embarazo y pidió garantÃas a la Asamblea Nacional para llevar este perÃodo en “paz”, expresó que no se habÃa contemplado en ninguna norma establecida que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio polÃtico “con el estrés que este implica”.
Diana Salazar dijo que es importante recordar que la corte constitucional ya se ha pronunciado sobre temas relacionados como la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y que, actualmente, en la Asamblea Nacional se están tratando leyes que consideran los derechos de la mujer y que protegen la vida de quienes están por nacer.
“Por estas razones, creo que es un buen momento para contemplar situaciones como esta para asentar un precedente, porque cada vez somos más las mujeres que rompemos los techos de cristal”, agregó.