El presidente Daniel Noboa Azin declaró un nuevo estado de excepción en siete provincias del Ecuador, la tarde de este martes 2 de julio de 2024.
La medida implementada a través del Decreto Ejecutivo 318 se aplica para Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay.
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El estado de excepción estará vigente durante 60 días, en este tiempo el objetivo será mitigar la conmoción interna y el conflicto armado que se vive en estos sectores.
El decreto fue respaldado por la observadora jurídica Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés).
Esta entidad presentó un informe que concluye que el documento se ajusta al marco constitucional ecuatoriano.
Provincias con más homicidios intencionales
Además de este respaldo, el Gobierno emitió el estado de excepción basado en las cifras de homicidios intencionales cometidos entre el 1 de marzo y el 19 de junio.
Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased), en este periodo hubo 1 929 asesinatos.
Del total de homicidios en el país, el 87% (1 683) de los hechos se cometieron con armas de fuego. Manabí es la provincia con las cifras más altas, le siguen Los Ríos, Orellana y Santa Elena.
¿Qué derechos se suprimen con el estado de excepción?
El decreto del estado de excepción detalla que la ciudadanía ve suspendidos tres derechos.
Con ello, las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional tendrá la potestad para “mitigar los hechos fácticos (…) en favor de mantener la soberanía, la seguridad ciudadana, la protección interna y el orden público”.
Inviolabilidad de domicilio
La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio le permite a los uniformados realizar inspecciones, allanamientos y requisas sin permiso o una orden judicial previa.
Esta medida le faculta a las autoridades, además, registrar los lugares donde pudiesen ocultarse los posibles criminales, así como incautar los objetos que pueden ser utilizados para incurrir en los delitos.
Inviolabilidad de correspondencia
La suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia le autoriza a los gendarmes el acceder a mensajes, comunicaciones, cartas o misivas físicas y electrónicas que den cuenta de algún ocultamiento de información o de un miembro de un grupo delictivo.
Libertad de asociación y reunión
Otro derecho suprimido con el estado de excepción es la libertad de asociación y reunión.
Con esta limitación, los miembros del orden tienen la autorización para impedir cualquier accionar que afecte la seguridad y el orden público.
Así mismo, las autoridades pueden suspender cualquier reunión que se desarrolle en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas a la seguridad ciudadana.