Vista aérea de la favela Jardim Julieta, en las afueras de Sao Paulo, Brasil.La pandemia está cobrando un alto precio económico en los pobres del estado de Sao Paulo, el epicentro del brote en Brasil. Foto: AFP
Cuando el marido de Priscila Tomas da Silva perdió su trabajo de cargador de camiones por las medidas impuestas en Sao Paulo contra el coronavirus, la pareja tuvo que optar entre seguir pagando el alquiler o dar de comer a sus seis hijos. Y no se lo pensó dos veces.
“Mi marido, el único que trabajaba, fue despedido por la pandemia. Como no teníamos para pagar el alquiler y tenemos seis hijos, vinimos acá”, cuenta esta mujer de 35 años en una favela emergente del barrio Julieta Jardim, en la periferia de la mayor megalópolis de América Latina.
El matrimonio construyó una chabola en un vasto terreno donde estacionaban camiones. Desde hace cuatro meses casi no pasa un día sin que se instalen allí decenas de familias, en una ilustración trágica de los estragos provocados por la pandemia en Brasil, el segundo país más golpeado del mundo, detrás de Estados Unidos.
Hoy ya cerca de 700 familias construyeron sus viviendas allí, la mayoría de madera, con techos de láminas de plástico y sin baños.
Muchos llegan cargando muebles a través de callejones sin pavimentar, con un fondo de martillazos y perforadoras, el sonido de una favela en plena construcción.
Con una gran densidad demográfica, vivir con condiciones higiénicas mínimas es un desafío en barrios pobres como este y el distanciamiento social imposible, una combinación favorable a la propagación del virus.
En su vivienda con camas hechas de palets de madera, Da Silva abriga a su pequeño hijo mientras trata de explicar que le resultaba imposible pagar un alquiler de 500 reales al mes (unos 100 dólares) .
“Nos iban a matar”
El estado de Sao Paulo, epicentro de la pandemia en Brasil, registra casi un cuarto de los más de 90 000 muertos que deja el coronavirus en el país.
Obligados a respetar el confinamiento, muchos residentes en favelas perdieron sus trabajos informales (cerca de un 40% de los empleos en Brasil) como jornaleros o limpiadoras de casas. Hoy dependen del bono mensual de 600 reales que les otorga el gobierno.
Muchos países suspendieron durante la pandemia los desalojos por alquileres impagos, pero el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro vetó un proyecto de ley en junio que buscaba ese propósito.
En Jardim Julieta, gran parte de los habitantes cuentan que fueron obligados a salir de sus antiguas viviendas.
Joyce Pinto, de 27 años, perdió su trabajo en una gráfica cuando Sao Paulo entró en cuarentena y cerró los comercios no esenciales en marzo.
“Tuve que quedarme en casa con mi hija de dos años y comenzó a faltar el dinero del alquiler”, relata.
“El propietario me estaba amenazando”, agrega su marido Gilmar Chaves, un jornalero de 29 años.
“ Le dijo que lo iba a matar a él y a mi hija ” , interrumpe su esposa, con los ojos llenos de lágrimas.
Entonces la madre de Joyce les prestó dinero para construir una chabola.
¿A dónde vamos?
Desde el inicio de la pandemia, otras familias han optado por invadir edificios abandonados en el centro de Sao Paulo, donde igualmente hay riesgo de ser desalojado. Un riesgo que también existe en las viviendas de la nueva favela, construidas sin ninguna autorización.
A lo largo de la historia “la formación de favelas está ligada a un conjunto de epidemias urbanas, desde la fiebre amarilla a la gripe española y la viruela”, dice Lino Teixeira, coordinador de política urbana en el Observatorio Favela.
“Es un círculo vicioso. (…) Las personas no logran pagar el alquiler, son desalojadas, terminan ocupando un lugar irregular y en seguida viene una remoción ” , señala Talita Gonzales, investigadora del Observatorio das Remoções, una ONG que vela por el derecho a la vivienda.
Según esta entidad, más de 2 500 familias han sido desahuciadas o amenazadas de desahucio en Sao Paulo, irónicamente pese al llamado del gobernador a “quedarse en casa” por la pandemia.
Varias notificaciones de desalojo ya fueron entregadas en Jardim Julieta y el plazo vence el 7 de agosto.
“Si no nos quedamos aquí (…) ¿A dónde vamos? ¿A vivir debajo de un puente como muchos otros?”, pregunta Luciene dos Santos, una peluquera desempleada de 42 años.
