Tiempo de lectura: 3' 45'' No. de palabras: 616

En la premura por traer al país a Galo Lara, encabezó una nutrida delegación a Panamá. Esa estrategia, según Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, habría favorecido al exasambleísta en su pedido de asilo.

El ministro del Interior, José Serrano, encabezó una comitiva de 14 funcionarios que viajó a Ciudad de Panamá, el pasado lunes 16 de septiembre. Lo hizo al día siguiente de que la Interpol retuviera al exlegislador de Sociedad Patriótica en el aeropuerto de la capital panameña.

El grupo se fue tras la pista de Lara, a quien el pasado 2 de septiembre la Corte Nacional de Justicia lo sentenció a 10 años de reclusión. Lo consideró cómplice del triple asesinato de Quinsaloma, ocurrido en el 2011.

Pese a la nutrida delegación, no logró el objetivo y más bien, con ese apresuramiento, Oyarte considera que se “regalaron” argumentos a la defensa del exlegislador en su intención de pedir el asilo político.

Luego de 24 horas de retención, la Interpol dejó libre a Lara porque no apareció en la página web de la Interpol como ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana. Tampoco hubo un pedido formal de extradición.

De acuerdo con el artículo 521 del Código Procesal Penal panameño, un país requirente para pedir la extradición debe presentar, en el caso de que una persona haya sido condenada, una copia de la sentencia ejecutoriada y los elementos probatorios en los cuales se fundamenta la solicitud.

Oyarte considera que la intención del ministro Serrano y del resto del equipo era conseguir una “extradición solapada, que está considerada dentro del Derecho Internacional Americano. Esta se basa en el principio de reciprocidad internacional”.

En un procedimiento regular, la Corte Nacional de Justicia, a través de la Cancillería, solicita al Estado receptor la extradición. Pero, según Oyarte, entre uno y otro Estado pueden acordar una deportación. “Esto es muy común entre Ecuador y Colombia, por ejemplo, cuando se trata de detenidos por tráfico de droga”.

Según Oyarte, esa habría sido la intención del viaje del Ministro del Interior; el coronel Amable Chiriboga, Jefe de la Interpol, del fiscal general Galo Chiriboga, del vicecanciller Marco Albuja y otros funcionarios técnicos.

De acuerdo con los juristas, el viaje del jefe de la Interpol se explicaría en la intención de detener al exlegislador.

La presencia del fiscal Chiriboga obedecería al objetivo de explicar que, a través de la investigación e instrucción fiscal, se obtuvo una condena en grado de complicidad, “para demostrar que se trata de una persecución jurídica y no política”.

Sin embargo, el cuestionamiento sería por la presencia de José Serrano. La defensa de Galo Lara usaría como argumento para justificar el pedido de asilo político, ya que como Secretario de Estado representa al Ejecutivo.

Oyarte insiste que Serrano al viajar junto con el Fiscal General dio espacio para que sea interpretada como “falta de independencia de la Función Judicial y persecución política. La Convención Interamericana de Asilo prohíbe que se asile a una persona por delitos comunes. Entonces, personas perseguidas por delitos  buscan encubrirse en la persecución política”.

Más que enviar una comitiva numerosa a Panamá, los juristas coinciden en que debieron viajar funcionarios de segundo orden de la Fiscalía y de la Policía. Así se procede con inculpados que son detenidos en el extranjero.

Ahora, según Oyarte, con el caso de Lara, Ecuador corre el riesgo de afrontar un nuevo proceso complicado de extradición.

Califique
2
( votos)