El intento gubernamental –Poder Ejecutivo y Legislativo- de crear controles a la libre expresión, llegando al extremo de pretender calificar los contenidos informativos por una entidad con mayoría oficial, ha tenido respuesta negativa y amplia en el país; y se han citado la propia Constitución de la República y los instrumentos internacionales que garantizan esta libertad esencial. Pero el poder aparece impermeable y, por ello, vale agregar alguna información de alcance mundial para que los empeñados en esta empresa, incluidos periodistas renegados, la tengan en cuenta si deciden cumplir principios democráticos.
En 1992 Aidan White emitió informe sobre el encargo que la Federación Internacional de Periodistas hiciera, por pedido de Unesco, sobre el libre flujo de información. Colaboraron Jens Linde, de Dinamarca; David Eisen, de Estados Unidos; Max Rolland, de Francia; Akihiko Chigono, de Japón; Oonee Seng, de Malasia; Roberto Mejía, de Perú; Tim Gopsill, de Gran Bretaña; Mademba Ndiaye, de Senegal; Katya Gil, de Venezuela y Hugh Lewin, de Zimbawe.
Produjeron un documento amplio en el que relatan la trayectoria de la libertad de información. Como es obvio, partieron como base legal y con alcance mundial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y estos principios básicos: “Todos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión.- Este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y de obtener, recibir y diseminar información e ideas por cualquier medio y sin considerar las fronteras”. Tienen en cuenta la Declaración de los Deberes y Derechos de los Periodistas, aprobada por comunicadores de la Comunidad Europea, reunidos en Múnich; la Carta del Derecho a la Información, de 1973, aprobada por asociaciones francesas y el Convenio Americano sobre los Derechos Humanos, que estipula: “El derecho de expresión no se limitará por métodos ni medios indirectos, tales como el abuso de los controles gubernamentales o privados, o por cualquier otro medio que tienda a impedir la comunicación y divulgación de ideas y opiniones”; que la libertad de prensa no se limita a expresar opiniones y engloba el derecho del público a saber.
La encuesta internacional consta de 12 páginas y analiza los más diversos ángulos de la libertad de expresión.
Parece que en el Ecuador de hoy los políticos oficiales creen que no se debe tener en cuenta nada de lo que se entiende y observa alrededor del planeta. Solos y desafiando a la comunidad internacional, lo único que obtendremos es lesión a la democracia y desprestigio exterior.
Es tiempo de que el oficialismo comprenda que imponer no es el camino; sino convenir, luego de concertar. El mundo es más amplio que un país; y el pensamiento internacional no debe ser desechado sino atendido y aplicado.