Tiempo de lectura: 6' 25'' No. de palabras: 1014

El viernes pasado, a las 15:23, el tuitero @MaxAbad escribió a la cuenta del presidente Rafael Correa. "@MashiRafael no que el pueblo es el verdadero mandatario? Consulta popular para el Yasuní, en febrero a las elecciones".

Nueve minutos después, Correa le respondió, también por esa vía. "¡Encantado! Reúna las firmas, porque la mejor y más exacta consulta popular fue en febrero 17 del 2013", en referencia a la contienda presidencial donde fue reelecto con el 57,1% .

Desde la noche en que el Gobierno puso fin a la Iniciativa Yasuní-ITT para seguir el plan de explotación de 920 millones de barriles de petróleo, Correa y sus colaboradores han tomado distancia de la posibilidad de ir a una consulta popular, a pesar de que el artículo 407 de la Constitución lo sugiere para a la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas e intangibles, como es el Parque Nacional Yasuní.

La posición asumida por Correa es que si los grupos ecologistas demandan ese pronunciamiento en las urnas, son estos los que deben recoger las 584 116 firmas de respaldo (5% del padrón electoral), que demanda la Constitución para impulsar este pedido por la vía ciudadana y no por trámite presidencial.

El oficialismo deja entrever que por ahora no tiene previsto hacer uso de uno de los instrumentos que mejores resultados le ha dado al momento de consolidar su amplio poder político.

Desde el 2007, las últimas tres consultas en el Ecuador fueron planteadas directamente por el presidente Correa. Se trata de la de abril del 2007, la de septiembre del 2008 y la de mayo del 2011 (ver cronología). La primera se dio en medio de la polémica destitución de 57 diputados del Congreso Nacional, que para los grupos de oposición fue considerada como un golpe institucional.

¿Si Correa ha obtenido buenos resultados en cada uno de esos procesos, por qué esta vez es renuente a hacerlo? A lo largo de este fin de semana, decenas de políticos y variados analistas han dado su interpretación.

Esta es que la protección al Yasuní es un tema consigna para la mayoría de ecuatorianos (encuestas como la de Perfiles de Opinión, hablan de más del 70% de oposición a que se lo explote). Por esta razón, Correa no estaría tentado a poner en juego la popularidad de su gobierno.

De otra forma no se entiende cómo, solo un par de días atrás, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, no cerraba la opción de la consulta popular cuando el debate político giraba en torno a la reforma constitucional para la reelección indefinida.

Los remilgos del Ejecutivo no han detenido la presión de distintos grupos por que el pueblo sea el que decida el futuro del Yasuní. Se trata, no obstante, de propuestas dispersas que todavía están una fase inicial.

El Centro de Derechos Económicos y Sociales señala que hay varias personas y colectivos que buscan impulsar la recolección de casi 600 000 firmas para iniciar la consulta. Por lo tanto, pide hacerlo en orden para impedir que "todos esos esfuerzos no se anulen".

Una preocupación similar surgió la mañana de ayer en el debate de Radio Democracia, donde el jurista Julio César Trujillo, el exasambleísta César Montúfar y el analista político Francisco Rocha, plantearon a la ciudadanía la necesidad de que sea solo un pedido formal de consulta el que se realice ante el Consejo Nacional Electoral, y que a él plieguen todos los ciudadanos sin importar las diferencias políticas.

Montúfar sugirió abiertamente que Trujillo sea quien se ponga al frente de este proceso y que incluso sea redacte la pregunta. El jurista aceptó la posibilidad, demandando independencia al CNE y el acompañamiento de la ONU.

En la Asamblea, el grupo legislativo de Creo (12 legisladores) hizo público su compromiso de insistir en que la Asamblea disponga la realización de la consulta popular. De igual forma se pronunció ayer el presidente de la Conaie, Humberto Cholango, quien aseguró que "lo ideal" es que, en primera instancia, Correa o la Asamblea dispongan la realización de la consulta. En todo caso también saludó la posibilidad de que Trujillo sea un gestor de la iniciativa ciudadana.

La posición de Creo y de la Conaie tiene una lógica: evitar que la iniciativa ciudadana de recolección de firmas se trunque por lo engorroso que un proceso así acarrearía. Las casi 600 000 rúbricas se colecten deben ser validadas por el CNE. Y si este paso se supera, la consulta deberá pasar a la Corte Constitucional para su respectivo análisis jurídico.

En promedio, una consulta cada dos años...

  • 15 de abril del 2007 El presidente Rafael Correa planteó al pueblo la convocatoria a una Asamblea Constituyente de plenos poderes para que se transforme el marco institucional del Estado y se elabora una nueva Constitución. El sí por esta propuesta obtuvo el 81,72% de respaldo popular, siendo la cifra más alta de apoyo al presidente Correa en estos casi siete años en el poder.
  • 28 septiembre 2008 El 63,9% de los ecuatorianos aprobó, en referendo, la vigencia de la Constitución de Montecristi diseñada por Alianza País y el Gobierno. De esta manera entró a regir el cuerpo legal que se elaboró desde diciembre del 2007, que en un primer tramo estuvo liderado por Alberto Acosta, principal impulsor de los derechos de la naturaleza. Luego le sucedió Fernando Cordero.
  • 11 de mayo del 2011 El Presidente convocó a una consulta de 10 preguntas que tras reformar la Constitución, le permitió iniciar el proceso de reforma judicial que incluyó cambios en el Consejo de la Judicatura y las cortes. En esa consulta, Correa también se planteó la prohibición de casinos, corridas de toros, la prisión para quienes no afilien al IESS y restricciones a los medios de comunicación.

El dato

584 116 firmas se requieren para pedir una consulta popular a nivel nacional.

Califique
2
( votos)