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El Instituto Internacional de Prensa (IPI) cuestionó ayer la "excesiva regulación estatal" de la nueva Ley de Comunicación de Ecuador.

Por eso, alertó que ese cuerpo legal constituye una "seria e inmediata amenaza para el periodismo independiente" en el país.

En un informe sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador, el IPI concluye que la situación que enfrentan los medios "se ha deteriorado a un nivel alarmante en los últimos meses".

Un grupo de expertos del IPI, que es una red mundial de editores y propietarios de medios, estuvo en Ecuador en el año 2012 para entrevistarse con responsables políticos y representantes del sector informativo.

De ahí que el informe presentado en Viena es un análisis actualizado de las impresiones recogidas por el IPI en la visita de hace un año. Y revisa una serie de nuevas leyes y propuestas legislativas "ampliamente consideradas como un intento de acallar a los críticos del presidente Rafael Correa".

La nueva Ley de Comunicación entró en vigencia el 25 de junio pasado, tras cuatro años de debate y en contra de las objeciones presentadas por legisladores opositores y las críticas de grupos civiles nacionales e internacionales, asegura el IPI en su comunicado.

El informe identifica como lo más "preocupante" de la nueva Ley la creación de dos instrumentos estatales de regulación: el Consejo de Regulación y la Superintendencia del ramo.

Ambos tienen el poder de "disciplinar" a la prensa "mediante una combinación de sanciones legales y administrativas", destaca el IPI.

"La combinación de poderes excesivos y la falta de garantías sobre su independencia hace que estos dos órganos reguladores sean propensos a tomar acciones arbitrarias contra los medios y periodistas", resalta el informe.

Asimismo, destaca que "controles para prevenir ese abuso están alarmantemente ausentes en la Ley. Muchas acciones y determinaciones del Consejo no parecen ser objeto de revisión judicial".

El documento también destaca que se haya creado la figura del "linchamiento mediático", considerada por los opositores a la Ley como "un instrumento más para que funcionarios públicos puedan acallar las críticas a sus acciones".

El organismo pone reparos que la Ley califique a la libertad de expresión como "un servicio", en lugar de considerarlo como un "derecho", protegido por instrumentos internacionales como la Convención Americana de DD.HH.

Barbara Trionfi, experta en libertad de prensa en el IPI, dijo que "la Ley tiene serios errores en cuanto a la protección del derecho a información independiente".

"Instamos al Gobierno de Ecuador a reconsiderar rápidamente la Ley de medios", concluye Trionfi.

El oficialismo defiende la Ley y sostiene que servirá para frenar supuestos excesos de la prensa.

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