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A partir del anuncio del presidente Rafael Correa sobre la decisión de explotar el Yasuni ITT, realizado el pasado 15 de agosto, se instaló en el país un debate ambientalista que está cobrando fuerza.

Líderes indígenas, figuras políticas y movimientos sociales han expuesto la necesidad de que se consulte al pueblo sobre si quiere o no explotar las reservas de Ishpingo, Tambococha y Tiputini. Previo a este pedido ya hubo declaraciones de asambleístas de Gobierno respecto a que esta es una decisión que debe aprobarse a través de un debate en la Asamblea y que sea el pleno quien decida, si la explotación del Yasuní es de interés público.

Para la exministra de Ambiente y ahora legisladora Marcela Aguinaga, no existe un plazo para el debate; pero sí hay una urgencia. Lo dijo en entrevista para este diario el pasado 18 de agosto.

Con estas dos opciones el tiempo comienza su marcha. Según el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 74, firmado por el Mandatario, el Ejecutivo tiene un plazo de cinco días hábiles para enviar el proyecto de resolución sobre el pedido de autorización para la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Una vez que llegue a la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificará la propuesta y la remitirá a la Comisión de Biodiversidad, la cual debe elaborar su informe y enviarlo al pleno.

El trámite se debe ajustar a los plazos establecidos para la aprobación de leyes, es decir 45 días para primer debate y 45 días para segundo debate. Es decir un total de 90 días.

Por otra parte, Fausto Camacho, exmiembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló en entrevista con radio Democracia, que para realizar la consulta popular primero se debe elaborar una pregunta que debe ser aprobada por la Corte Constitucional.

Una vez que la Corte la apruebe, el CNE deberá emitir el formulario para recoger las firmas. Una vez en manos de los promotores estos tienen un plazo de 180 días para recoger más de 550 000 firmas, que equivalen al 5% del padrón electoral (11 millones en números redondos).

Con las firmas presentadas, el CNE tiene 15 días para pronunciarse sobre la validez de la misma. De aprobarse el número requerido, al mismo organismo le corresponde otros 15 días realizar la convocatoria al sufragio.

Entre la fecha de la convocatoria y la consulta no podrán existir más de 45 días. Es decir si las firmas se recogen en 6 meses y se procede a convocar a consulta. El tiempo máximo para hacerlo será de 210 días, 120 días más que el tiempo que tiene la Asamblea para pronunciarse sobre la explotación.

Según Camacho es muy posible que se recojan las firmas en 30 días, por lo que el tiempo de espera se reduciría a 60 días; plazo menor al previsto en la Asamblea.



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