El aumento del IVA al 15 % fue una de las imposiciones directas del FMI para poder aprobar el nuevo crédito. Éste no responde a la existencia de un plan de crecimiento económico. No existe el interés por apoyar al país a una reactivación productiva. Se imponen los criterios rentistas, es decir, asegurar el pago de la deuda.
No hay crecimiento económico y las cifras estimadas para el presente año son contradictorias y de difícil credibilidad. Y las decisiones tomadas en materia económica no se han orientado a responder al clamor ciudadano por contar con políticas que resuelvan o amengüen los graves problemas que se expresan en un deterioro del nivel de vida.
La inversión pública
En la situación actual, lo único que queda para lograr crecimiento económico con empleo es la inversión pública. Esta ha sido destruida por los dos anteriores gobiernos. Y ha sido denostada, satanizada, al compás de los esfuerzos para transferir las responsabilidades constitucionales del Estado al sector privado, a título de “su incapacidad”.
Los razonamientos propios de la tecnocracia internacional, que aprueba los créditos para los países que los requieren, se exponen en un lenguaje cotidiano cuidadosamente escogido para que la población se reconozca en un Estado endeudado: “presupuestos por ajustar”, “cinturones por apretarse”, “sentido común doméstico”, y a los esfuerzos que serían necesarios “debido a su situación”.
El principio instaurado es que el Estado deberá orientar su presupuesto ajustando sus gastos a sus ingresos, imponiendo la cultura de austeridad. Si los gastos exceden o presionan a los ingresos, debido a subsidios, incentivos o gasto público considerado improductivo, aparece la necesidad de la deuda, para aliviar la caja fiscal, el equilibrio, y finalmente el pago de la misma deuda.
Mientras que los hogares y las empresas disponen de ingresos limitados (el nivel de salarios en el primer caso, y el nivel de demanda en el de los segundos), el Estado y las administraciones públicas contribuyen a formar el entorno en el que evolucionan. En otras palabras, la suma de sus gastos condiciona, en buena parte, la de sus ingresos.
A corto plazo, el gasto público de cualquier tipo –salarios, consumo intermedio, inversiones y otros- contribuyen a determinar el nivel de la demanda global, que se dirige a las empresas, y a partir de lo cual se toman decisiones en materia de producción y de empleo.
A largo plazo, el gasto público también actúa sobre la oferta: el gasto en educación y en salud aumentan la productividad de la mano de obra; el gasto en investigación contribuye al descubrimiento de nuevos métodos y de nuevos productos que pueden mejorar el bienestar; el gasto ligado a la inversión pública permite desarrollar infraestructura útil para la actividad del conjunto de los sectores. Todo esto se resume en la cualidad de generadora de empleo que tiene una política consistente de gasto e inversión pública.
Por consecuencia, el gasto e inversión pública intervienen en la demanda y, al mismo tiempo, en la oferta, es decir, en el nivel de la actividad económica. Este, a su vez, determina los ingresos con los que puede contar el Estado.
Cuando la actividad mejora y el Estado consigue luchar contra la evasión fiscal, los ingresos ascienden con la renta nacional, por lo que se puede recurrir menos al endeudamiento; la deuda pública aumenta entonces más despacio que el PIB y la tasa de endeudamiento (deuda/PIB) disminuye. Cuando la actividad económica se reduce –salarios bajos, poco gasto e inversión pública, impuestos al alza, infraestructura deficiente y sin mantenimiento, insuficiente energía- no hay crecimiento y el PIB se hunde más rápido que la deuda y la tasa de endeudamiento se incrementa.
La reciente aprobación de un nuevo crédito por parte del FMI no tiene un objetivo definido, excepto el pagar la deuda, y llega en los momentos de crisis en los que es más urgente la necesidad de crear empleo con un proceso de crecimiento. Éste debe contar con recursos obtenidos por la eliminación de los incentivos a determinados sectores que no generan ningún resultado de beneficio para el país, a la inversión pública bajo prioridades y a una reforma tributaria que asegure que la generación de utilidades de la actividad privada repercuta en el beneficio para todos los agentes que intervienen en el proceso productivo y no se constituyan en una fuente destinada a la fuga de capitales al exterior.
Cabe aspirar a que el gobierno decida destinar a la inversión pública una parte de los recursos que ingresarán con el nuevo crédito, porque la inversión extranjera no viene y tampoco la inversión privada interna.