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La explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní arrancó a mediados de los años 80, cuando en el país no existían leyes que limiten la explotación de recursos naturales en áreas ambientalmente sensibles.

Adicionalmente, las exigencias para mitigar el impacto ambiental eran menos exigentes.

De acuerdo con el informe enviado por el Ministerio del Ambiente al presidente Rafael Correa para explotar los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), actualmente existen seis bloques petroleros que operan dentro del Parque Nacional Yasuní.

Estos son el bloque 15 (Indillana), bloque 12 (Edén Yuturi-Pañacocha) y el bloque 31 (Apaika Nenke), operados por Petroamazonas. También se encuentran los bloques 67 (Tivacuno) y 16 (Iro) operados por Repsol. Y finalmente el bloque 14 (Nantu), operado por la empresa petrolera estatal china PetroOriental.

Según el Ministerio del Ambiente, estas operaciones petroleras tienen licencias ambientales adquiridas antes de la promulgación de la Constitución del 2008.

La Secretaría de Estado indica que las facilidades hidrocarburíferas ubicadas en el parque, como son los pozos, plataformas, estaciones de producción, líneas de flujo y otras, ocupan un porcentaje menor a la superficie del bloque o el área adjudicada por la Secretaría de Hidrocarburos.

Según Ambiente, estos bloques "llevan una gestión ambiental en cumplimiento con la normativa vigente para la conservación del ecosistema y el respecto a las comunidades ubicadas en el área de influencia directa e indirecta".

Los bloques que cruzan por el Yasuní tuvieron una producción global el año pasado de 51,5 millones de barriles. Es decir, más del 25% del total de la producción nacional registrada en el 2012.

Sin embargo, no todos los campos que están dentro de los bloques petroleros se encuentran en la reserva. Dentro de esos bloques operaron las compañías Oxy, Elf, YPF, Maxus, Conoco, Pérez Compac y Petrobras.

Estos antecedentes, según Ambiente, sirven para respaldar que sí es posible llevar a cabo una explotación técnica y ambientalmente viable dentro del ITT.

El exvicepresidente de Petroindustrial, Edmundo Brown, explica que cuando comenzó la producción en los primeros bloques del Yasuní no había la legislación ambiental que actualmente tiene el país y que los estándares eran significativamente menores.

Por eso, en aquella época no se exigían estudios de impacto ambiental con la minuciosidad y presión que se requiere actualmente. Y tampoco estaba restringida la operación en reservas naturales.

Destaca como un punto de quiebre el año 1987, cuando ocurrió el terremoto en la Amazonía y se rompió el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).

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A partir de este incidente se comenzaron a implementar estándares ambientales internacionales que devinieron en el requerimiento de estudios mucho más rigurosos que se exigían para las actividades extractivas desde los años 90, explica Brown.

Prueba de que ni siquiera se requerían licencias ambientales es que los mismos campos Ishpingo 3 e Ishpingo 4, en el ITT, fueron perforados por Petroecuador entre los años 2001 y 2002, en el gobierno de Gustavo Noboa.

A partir de la Constitución del 2008 se introdujo la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, a menos que la Asamblea declare esta actividad de interés nacional.

La representante de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medioambiente, Natalia Greene, indicó que pese a que esta prohibición no estaba en la Constitución antes del 2008, el Estado firmó varios tratados que protegían a los pueblos indígenas de la actividad extractiva que atentara contra su ecosistema. Un ejemplo fue la Declaración Universal de Pueblos Indígenas.

Licencia para el bloque 31

Aunque en el bloque 31 es operado por Petroamazonas desde el 2009, el Presidente envió en su pedido a la Asamblea que se incluya a esta zona también dentro de la declaración de interés público junto con el ITT.

Esto, pese a que el mismo Gobierno otorgó a la brasileña Petrobras, en octubre del 2007, la licencia ambiental para explotar este bloque antes de la prohibición del 2008. Según la vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, Petroamazonas viene operando el Bloque 31 bajo la licencia ya otorgada a Petrobras, porque la brasileña revirtió estos campos al Estado en septiembre del 2008.

Sin embargo, Greene destacó que cuando las operaciones pasaron a Petroamazonas en enero del 2009, se debía pedir una nueva licencia ambiental con el pedido a la Asamblea, pues ya estaba en vigencia la nueva Constitución.

Con el pedido del Presidente para que se declare de interés nacional el bloque 31 se buscaría la legitimación de la operación de Petroamazonas, antes inconstitucional, según Greene.

Los impactos en el ITT

  • La explotación del ITT  representará una emisión de 407 millones de toneladas de CO2 durante los 20 primeros años de explotación de estos campos.
  • Las emisiones  producidas por la explotación del ITT durante los 20 años de operación de los campos se equiparan a las emisiones totales de gases de efecto invernadero producidas en el país producidas en un solo año.
  • La ejecución  del proyecto petrolero es viable siempre y cuando cumpla a cabalidad con la normativa ambiental vigente según el Ministerio del Ambiente.
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