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La problemática de la distribución y el desabastecimiento periódico del Gas Licuado de Petróleo (GLP) o gas doméstico no se limita solo a grandes ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca.

Las parroquias rurales sufren de similares distorsiones en la comercialización como la limitación de cupos, períodos de escasez y precios superiores al oficial, debido a los bajos márgenes de ganancia de los distribuidores.

A una hora y media al noroccidente de Quito se encuentra Puéllaro; una parroquia con una población cercana a 6 000 habitantes, según datos del Municipio del Distrito Metropolitano.

Allí la mayoría de pobladores se dedica a la agricultura. Las casas no superan los dos pisos. Cerca del parque central se encuentra la ferretería Ferro Torres. En la puerta de esta casa aparece un letrero azul de la marca Duragas, con la leyenda: "Distribuidor autorizado". En el mismo letrero aparece el subtítulo "Precio oficial", pero no tiene números. Solo una huella blanca que evidencia que fueron arrancados.

La propietaria, Patricia Guerrero, dice que el precio oficial de venta al público es de USD 1,60. El margen de ganancia es menor a USD 0,10 por cilindro, por lo que optó por la venta de gas a domicilio, que cuesta USD 2,50.

Tres veces a la semana envía un camión a la planta de envasado de Pifo de Agip-Eni, con 300 cilindros. El camión sale a las 05:00 y regresa a las 12:00.

Es la única distribuidora, indica, por lo que tiene que llegar con su camión a barrios alejados hasta a 8 kilómetros de distancia, como Inguilla o Loguinche. Hace varios años el negocio no implica márgenes importantes de ganancia, por lo que tiene que manejarlo a la par con la ferretería.

El cupo de consumo de la población ha sido restringido en los últimos meses de 600 a 300 cilindros, añade la comerciante.

A 40 minutos al noroccidente de Puéllaro está San José de Minas, otra parroquia rural con dificultades en la distribución de gas.

El poblado, con unos 8 000 habitantes, con casas coloniales de teja rojiza marrón y paredes blancas de adobe, tiene dos distribuidoras: una en el centro y otra en un sector llamado Morascocha.

Los vecinos dicen que los propietarios también son agricultores o manejan otros negocios, razón por la cual cuando ya no tienen gas, cierran sus locales.

Fernando Díaz, panadero de la zona, explica que cada tanque de GLP se vende a USD 2 en las distribuidoras, pero a domicilio, a USD 2,50. Hace tres semanas explica que hubo escasez por varios días y que el desabastecimiento es periódico. En su local usa gas industrial. Es decir, el mismo tanque de 15 kg pero con dos franjas negras, por el que paga USD 20.

Otra parroquia donde se paga más por el cilindro, debido la distancia, es Nanegalito. Ubicada a dos horas al noroccidente de Quito, tiene una sola distribuidora. Su dependiente es Julio Flores, quien señala que le llega cada tanque a USD 1,60 y que él, a su vez, lo entrega al comprador final hasta en USD 2 en el local.

No tiene un camión para distribuir a domicilio, pero indica que otros camiones que llegan desde Quito llegan a entregar hasta en USD 2,75, no solo en Nanegalito sino en sectores más alejados como Mindo y Pacto.

Aunque sostiene que no hay desabastecimiento en la zona, señala que los márgenes de rentabilidad son tan bajos que le obligan a manejar otros dos negocios: un local de balanceado y una wincha.

También la parroquia rural de Calacalí ha sufrido una reducción de cupos, cuenta el único distribuidor del poblado, Manuel Lema. De 70 cilindros que llevaba del centro de acopio de Quito, ahora solo le están entregado 50.

Transporta estos tanques todos los días hasta Calacalí. En la distribuidora los vende a USD 1,60, aunque los vecinos indican que el precio en el local varía entre USD 2 y USD 2,50. A domicilio, Lema cobra USD 2,75.

"Con eso podemos sacar alguna utilidad, porque nos venden a nosotros en USD 1,46", dice Lema.

El año pasado, el Estado tuvo que pagar USD 710,9 millones como subsidio al gas doméstico.

El precio se mantiene congelado desde el 2002

Aunque el precio oficial del gas es de USD 1,60 en las distribuidoras, este casi no se cumple en el país porque representa un margen muy pequeño de rentabilidad tanto para las comercializadoras (Agip, Duragas, Congas, etc.) como para los transportistas y los pequeños distribuidores del producto.

El mismo director de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos (ARCH), José Luis Cortázar, reconoció que ni el precio, ni los márgenes de ganancia para los actores de la cadena de comercialización han sido revisados desde el 2002, cuando se establecieron en el Decreto 2592.

El mismo artículo 3 del Decreto establece que los márgenes debían revisarse cada año de acuerdo al alza salarial y la inflación.

Por ello, Cortázar dijo que las comercializadoras han ido incrementando su utilidad al igual que los transportistas y han obligado a que los distribuidores cada vez se ingenien estrategias de venta, como el servicio a domicilio, para aumentar el precio sin salirse de las restricciones oficiales.

Esta es la razón por la que en los próximos meses habrá un nuevo esquema tarifario para cada uno de los actores de la cadena de ­comercialización.

Fuentes cercanas a las comercializadoras reconocieron que existe el problema, pero indicaron, además, que los cupos que les entregan son muy ajustados. Por ello, cuando existe un mínimo desfase en la entrega o hay cualquier dificultad en el transporte, se origina un desabastecimiento en la población debido a que no hay 'stock' de seguridad.

USD 710,9 millones fue el monto del subsidio al gas que el Estado pagó el año pasado.

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