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El representante de los servidores públicos, Miguel García, calificó como un atentado contra los derechos fundamentales de las personas la decisión del Ministerio de Relaciones Laborales de retirar, desde el 1 de enero del 2014, el servicio de alimentación a los trabajadores del sector público.

La entidad, en memorando dirigido a todas las entidades estatales a finales de la semana pasada, estableció que que "los contratos celebrados (por servicio de alimentación) con anterioridad a la vigencia de esta norma continuarán con su ejecución hasta que se cumpla el plazo inicialmente estipulado, sin que pueda ser renovado bajo ningún concepto. De terminar la vigencia del contrato antes del 31 de diciembre del 2013, las y los servidores beneficiados del servicio podrán recibir de manera directa el valor individual que se paga por persona sin incluir el IVA, el cual solamente se reconocerá hasta esta fecha. Posterior a esta fecha se procederá a la cancelación directa de USD 4 diarios, por los días efectivamente laborados, hasta el mes de diciembre del 2013, lo cual se reflejará en el rol de pagos por concepto de alimentación".

García rechazó esta medida, argumentando que el Ministerio no tiene la facultad legal para abolir este derecho. El funcionario explicó que la Ley Orgánica del Servicio Público determina el derecho a la alimentación, uniformes, guardería, etc., y que el Ministerio solo podrá estandarizar el valor que se entrega a cada burócrata y no eliminarlo. "En efecto, esta entidad fijó el aporte por almuerzo en USD 4. Hasta ahí, bien, porque no había un estándar, algunas entidades cogían USD 3, 4, 7... no había uniformidad. Pero en una transitoria de esta reforma al Acuerdo 127, como si nada, se elimina este derecho. Eso debía ser una facultad del Ministerio de Finanzas y no de Relaciones Laborales".

García anunció que, a nombre de los servidores públicos, se hará llegar el rechazo al Presidente de la República. "¿El compañero Presidente también va a salir a almorzar afuera o traerá comida de su casa? Porque tengo entendido que también el restaurante y los chefs de la Presidencia tampoco deberían ya trabajar".

Finalmente, el representante de los servidores calculó que el Estado destina alrededor de USD 800 millones al año para el almuerzo de unos 560 000 funcionarios. Eso incluye a personal de las fuerzas del orden, profesores, médicos, etc. También se incluyen a los trabajadores de los consejos provinciales y municipios, que llevan sus propias reglas bajo contratos colectivos.

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