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Centenares de militares salieron ayer a recorrer las calles de Bogotá en cumplimiento de una orden del presidente Juan Manuel Santos para garantizar la seguridad ciudadana comprometida por los disturbios del jueves, relacionados con la huelga agropecuaria.

Los militares, vestidos con uniforme de combate, fusil al hombro y cascos en algunos casos, empezaron a circular por calles y avenidas de la capital entre las miradas de asombro y curiosidad de los transeúntes. A lo largo de la Carrera Séptima, avenida que corta Bogotá de sur a norte y por la que suelen realizarse las manifestaciones políticas y sociales, los soldados estaban ayer apostados en casi todas las esquinas, mientras que grupos mayores vigilaban lugares estratégicos como los centros financieros de la calle 72 y la calle 116.

"Ordené la militarización de Bogotá y así lo haré en cualquier municipio o zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados", dijo el Mandatario en una alocución de radio y TV en la que también informó de la muerte de dos personas en disturbios en la noche del jueves en barrios periféricos.

La violencia dejó además 147 personas heridas y al menos 40 detenidos. Los desmanes comenzaron en el centro de Bogotá, donde habían confluido manifestaciones de apoyo a los campesinos, y en la noche y la madrugada prosiguieron en barrios periféricos, con grupos de adolescentes enfrentándose a la Policía. Los disturbios dejaron también destrozos en estaciones de transporte público, sedes bancarias y comercios.

Santos además anunció que su Gobierno promoverá un pacto nacional por el sector agrario, en una alocución en la que celebró la decisión de los campesinos en huelga de levantar el bloqueo a las carreteras del país.

"Vamos a trabajar para construir un gran pacto nacional por el agro y el desarrollo rural y en ese proceso vamos a incluir a todos los interesados, que no son solamente los del sector agropecuario", dijo.

Voceros de los campesinos manifestaron ayer en Tunja que, después de largas jornadas de diálogo, se han logrado acuerdos parciales y por eso les piden a los manifestantes que permitan el desbloqueo de las vías en el país, cerradas desde el 19 de agosto.

Los campesinos exigen ayudas económicas a la actividad agrícola, que sostienen se ha visto perjudicada con la entrada en vigor de varios TLC. Entre los principios de acuerdo anunciados se conoció que el Gobierno restringiría la importación de pera, lactosueros, tomate, papa, leche en polvo, fréjol, arveja y quesos.

No obstante, los líderes llamaron a mantener el paro e invitaron al Gobierno a mantener la mesa de diálogo en Tunja, a partir de hoy sábado. Sin embargo, será el Presidente el que definirá el lugar.

Colombia tiene una "deuda histórica" con el campesinado por el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno, la falta de representación política y la alta tasa de víctimas del campo en el conflicto armado, según un estudio divulgado ayer.

"Es claro que el Estado colombiano ha fracasado en asegurar un satisfactorio reconocimiento político del campesinado y no ha logrado trascender el poder de influencia de agentes políticos que expresan resistencias a los cambios estructurales propios de las clases terratenientes regionales", señala el estudio elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). El estudio muestra que la lucha campesina ha sido una constante en las últimas décadas.

Un 15,5 % de todas las protestas registradas en Colombia desde 1988 a 2012 ha sido de campesinos, principalmente por la falta de tierras, las violaciones de los derechos humanos, los daños ocasionados por actores del conflicto armado, como el desplazamiento forzado, o para pedir acceso a infraestructura y servicios públicos.

En este sentido, se recoge que el 72 % de los municipios del país ha sido escenario de luchas sociales, entre las que destacan las ocurridas en las regiones del Magdalena Medio (centro), Montes de María (norte), el Urabá (noroeste) o el Catatumbo (noreste), todas golpeadas por el conflicto armado.

El estudio apunta a paramilitares y fuerza pública como los responsables del 61,5% de los actos de violencia cometidos contra el campesinado. Entre esos crímenes destacan el asesinato (65%) y las amenazas (12%), seguidos por la tortura, lesiones personales, desapariciones y secuestro.

Camioneros protestan

  • Santos destinó ayer 50 000 militares para asegurar junto con la Policía la movilidad en las carreteras y dispuso que los aviones de transporte de la Fuerza Aérea garanticen el abastecimiento de alimentos a las ciudades.
  • "Es inaceptable que las acciones de algunos afecten de manera grave la vida de la mayoría", dijo Santos. Y ofreció recompensas por información que lleve a la detención de los responsables de los desmanes en Bogotá.
  • Los cierres de vías, muchos en los alrededores de Bogotá, han dificultado la llegada de alimentos y otros bienes esenciales a la capital. 50 000 camioneros se han unido a las protestas para reclamar una rebaja en los precios de los combustibles.
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