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El asilo es una antigua institución creada en los albores de la civilización occidental, perfeccionada jurídicamente en el ámbito del derecho internacional americano. Europa, por tradiciones y principios, aplica el asilo de manera más restringida que en América Latina. En el sonado caso de Haya de la Torre, la Corte Internacional de Justicia dictaminó, por ejemplo, que Colombia tenía el derecho de asilarlo en su Embajada en Lima, pero que el Perú no tenía la obligación de conceder el salvoconducto. Algunas de estas imprecisiones fueron aclaradas en las Convenciones de Caracas de 1954.

El asilo trata de proteger a quien se considera perseguido políticamente. Corresponde al estado al que se solicita tal protección calificar su pertinencia y decidir al respecto. Ecuador, en el caso de Carlos Pérez, de El Universo, incumplió sus obligaciones porque Panamá, país al que se le solicitó el asilo, resolvió en favor de la petición. Ecuador nunca concedió el salvoconducto.

El Comité jurídico Interamericano, en 1959, encontró inconveniente definir el “delito político” -lo que podría originar prolongadas controversias jurídicas- y dijo que al Estado que estuviera en desacuerdo con la concesión del asilo le quedaría abierto el camino de la extradición posterior.

En el caso de Assange, la espera para reflexionar -que se ha impuesto el Ecuador- está excediendo los límites razonables. Jurídicamente, si el presidente Correa lo considerara un perseguido político, tendría que otorgarle el asilo, aún a sabiendas de que sería improbable la entrega del salvoconducto por parte de Gran Bretaña.

El Ministro Patiño ha dicho que la decisión ecuatoriana tomará el tiempo necesario y que estará contenida en docenas y hasta centenas de páginas, que constituirán un “documento histórico”. El gobierno de Correa ha sugerido que estaría defendiendo el “derecho a la información”, al proteger a quien hizo públicos miles de documentos a través de los wikileaks. Pero hay también quienes creen que el asilo fue concertado con anterioridad y que Assange guardaría, como argumento a su favor, revelaciones que podrían incomodar al gobierno de Correa.

Los elementos de juicio que deberían examinarse son numerosos y de indudable importancia: Assange está requerido por la justicia británica y sueca, de cuya seriedad no puede dudarse; el proceso se debe a denuncias sobre delitos de carácter sexual; la Corte inglesa aprobó la extradición a Suecia y concedió a Assange libertad bajo fianza; Assange violó este compromiso con la Corte; la extradición no funciona si el acusado pudiera ser condenado a la pena capital. Suecia no lo extraditaría a los Estados Unidos bajo tal hipótesis. Finalmente, no cabe dejar enteramente de lado los efectos políticos de la eventual decisión del Gobierno ecuatoriano.

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