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En la Constitución del 2008 se instituyó -como regla general- la posibilidad de la reelección "por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo", fijando ocho años como el tiempo máximo de ejercicio de una dignidad en el país. En el régimen de transición permitió a una persona, ya reelecta en el pasado, optar por ejercer hasta por dos nuevos períodos una misma posición, los asambleístas establecieron que para "todos los efectos jurídicos" los dignatarios electos posteriormente estarían en su "primer período de gestión", abriendo la posibilidad de que ciertos funcionarios permanezcan un tiempo muy superior al límite temporal previsto constitucionalmente.

En la teoría política se puede encontrar partidarios de la reelección, a su favor se argumenta que es la máxima expresión del respeto a la voluntad del soberano (el pueblo), premio a una buena gestión y un medio para dar continuidad a políticas públicas que han sido exitosas o que reciben la adhesión popular.

La alternabilidad es defendida como una garantía frente a las tentaciones autoritarias de personalización y perpetuación del poder, formas anómalas contrarias a una democracia que debe ir más allá de las condiciones formales, obviamente indispensables, de la elección universal, directa y periódica por parte de las mayorías.

E l claro desgaste de la representación social de los partidos políticos es puerta abierta para el surgimiento de populismos mesiánicos personalistas, esos que buscan mantenerse en el poder de forma indefinida, porque consideran -parafraseando a Pierre Rosanvallon- representar a un "pueblo" imaginariamente homogéneo que se distancia de todo lo que dice enfrentar: las élites, la oligarquía, la partidocracia. El populismo -en sus palabras- debe comprenderse como una patología de la democracia electoral-representativa, más que una ideología, es una inversión perversa de los ideales y procedimientos de la democracia.

Criticar la permanencia indefinida en el poder, la falta de alternabilidad, sea a nivel local o nacional es una obligación de cualquier demócrata, no se trata de negar, desconocer, avalar o rechazar el accionar de una persona en concreto, es un medio para enfrentar lo que Peter Häberle describe como 'la propensión de los seres humanos que ocupan cargos públicos al abuso del poder'.

Estamos obligados a buscar todos los medios democráticos posibles para limitar el poder, teniendo en cuenta que existen ciertas condiciones que son indispensables y no meras formalidades del Estado burgués como la división y limitación de todos los poderes, la alternabilidad en el ejercicio de los cargos, el respeto al principio de igualdad, el reconocimiento de la pluralidad de visiones, convicciones e intereses que existen en la sociedad, en donde la vigencia de todos los derechos sean barreras inamovibles para el poder de cualquiera en el ejercicio de un cargo público.

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