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Todavía sigue sin despejarse la preocupación de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, frente a la expedición del Decreto Ejecutivo que limita su participación en la vida política y que pide rendición de cuentas ante los ministerios relacionados con sus actividades.

Dirigentes sociales cuestionan la normativa, pues creen que restringirá la participación ciudadana y limitará a las organizaciones, pero la respuesta desde el sector oficialista es que los frenos para la participación política han sido parte de los estatutos de cada organización.

El meollo de la discusión es si en efecto el Gobierno quiere con la norma impedir la aparición de nuevas figuras políticas, algunas de las cuales han nacido al amparo de tales organizaciones. De hecho, es el caso de al menos 16 personajes del Gobierno, incluyendo ministros, asambleístas y titulares de otros poderes.

Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País y quien trabajó en una fundación campesina, no logra esclarecer la discusión cuando hace notar que las organizaciones son una escuela para sistematizar experiencias, que luego sirven en la participación política electoral.

El Decreto ya ha sido motivo de demandas de inconstitucionalidad por parte de varias organizaciones, aunque es fácil avizorar el destino de estas iniciativas, al menos en el campo interno. Mas si existe un derecho conculcado, es de suponer que los reclamos seguirán en el plano externo.

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