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La semana pasada se inició en la Asamblea Nacional el primer debate sobre la ley que regulará a las entidades de seguridad ciudadana. Esta ley reorganizará a la Policía Nacional y creará dos servicios civiles adicionales para la investigación del delito y el resguardo a autoridades. Vale recordar que este proyecto va de la mano de otra reforma, ya en segundo debate legislativo, a la Ley de Seguridad Pública y del Estado mediante la cual el Presidente podría, sin declaratoria de Estado de emergencia, ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas. para el combate a problemas de orden público, incluida la delincuencia.

Estos cambios legales apuntan inequívocamente a tres direcciones: la desestructuración de la actual Policía Nacional y su conversión en una policía predominantemente comunitaria; la creación de dos servicios civiles armados por fuera de la institución policial y bajo el mando del Ministro del Interior, y la militarización de la seguridad interna.

En énfasis comunitario de la nueva institución policial, junto a la desaparición de las policías especializadas, pudiera ser un cambio positivo si apunta a su modernización y a un cambio de doctrina policial que la acerque verdaderamente a la ciudadanía. Sin embargo, salta la duda si una Policía con estas características estará preparada para afrontar los nuevos desafíos a la seguridad que, obviamente, van más allá de la delincuencia común e involucran a las más diversas manifestaciones del crimen organizado transnacional.

Segundo, la propuesta de establecer dos servicios civiles armados para la investigación del delito y la protección de autoridades, además de su dudosa constitucionalidad, es enormemente problemática. ¿Pretende el Gobierno constituir en el país un servicio de inteligencia política y social, a pretexto de investigar el delito; y al mismo tiempo crear una guardia pretoriana bajo el mando directo de un Ministro de Estado? Las dos propuestas de ninguna manera contribuirán a disminuir la inseguridad pública y más bien crearán zozobra, miedo y, posiblemente, mayor criminalización de la protesta y disidencia.

La tercera propuesta es aún más cuestionable. En América Latina se discute ya décadas sobre la necesidad de que los militares se dediquen a sus tareas específicas de cuidado de la soberanía territorial y se excluyan de cualquier función de protección del orden interno. Experiencias sangrientas como las del Cono Sur, en años sesenta y setenta, son muestra de los riesgos que se dan cuando las FF.AA. asumen el papel de guardianes, garantes o árbitros del orden público y la institucionalidad.

En seguridad, la novelería puede ser un salto al vacío. Igualmente, aplicar fórmulas del pasado que acabaron en violaciones masivas de DD.HH. constituye un enorme retroceso.

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