Son seis años sin respuestas efectivas sobre el asesinato del equipo periodístico de El Comercio. El 4 de abril de 2024, la Corte Constitucional emitió la sentencia para desclasificar actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).
El plazo para desclasificar los documentos se cumple este miércoles, 8 de mayo. Estos incluyen información que se ha mantenido en reserva desde el 2018, cuando ocurrió el secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
Javier, Paúl y Efraín fueron secuestrados el 26 de marzo de ese año y el 13 de abril, Lenín Moreno, quien ejercía como presidente de Ecuador, confirmó su asesinato a manos del Frente Oliver Sinisterra.
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No obstante, la sentencia 4-21-DN/24 limita la desclasificación a las actas 18 del 28 de marzo de 2018, 19 de 13 de abril de 2018, y 20 del 17 de abril de 2018, así como los audios, transcripciones y la lista de integrantes de las sesiones del Cosepe, relacionadas con el caso.
Las familias piden veracidad en desclasificación de documentos
Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, informó que luego de semanas de silencio, tras la sentencia de la Corte Constitucional, los familiares del equipo periodístico de El Comercio enviaron un documento al Ministerio del Interior. Lo hicieron el pasado 24 de abril.
En el comunicado pidieron tener una reunión antes de que se cumpla el plazo máximo fijado para la desclasificación de los documentos. La respuesta: la cita será el 8 de mayo, a las 10:00.
Sin embargo, Ricardo Rivas hace énfasis en que el pedido fue que la reunión sea antes de la entrega para, justamente, conocer los avances y, sobre todo, cómo se está elaborando el informe que recibirán.
La mayor inquietud es sobre los respaldos que tendrá la información sobre el asesinato del equipo de El Comercio para contar con la certeza de su veracidad y, por fin, conocer cómo se manejó el caso, los contactos con los victimarios, etc.
Los detalles adicionales
La secretaría del Cosepe, luego de entregada la información, tiene cinco días para presentar a la Corte Constitucional un informe. En este se debe incluir los pormenores de los datos.
Las actas incluyen información que ha estado bajo reserva desde los mandatos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
La sentencia de la Corte Constitucional también incluye un llamado de atención al Ministerio de Defensa Nacional, a la exsecretaria nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior por no haber presentado la resolución de clasificación de las actas mencionadas en el caso de Nos Faltan 3.