Pacientes con enfermedades catastróficas piden transparencia en revisión de carnés de discapacidad

En Ecuador están registradas 485 325 personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicológica, en la página del Conadis. Foto: archivo / EL COMERCIO

En Ecuador están registradas 485 325 personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicológica, en la página del Conadis. Foto: archivo / EL COMERCIO

En Ecuador están registradas 485 325 personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicológica, en la página del Conadis. Foto: archivo / EL COMERCIO

“Las discapacidades son sagradas”. Así comienza la carta abierta emitida por una agrupación de pacientes y familias con enfermedades catastróficas, discapacitantes y degenerativas del Ecuador. Ellos se pronunciaron frente a la entrega de carnés “ilegales”, para obtener beneficios como la importación de vehículos, con exoneración arancelaria.

La misiva, con fecha del lunes 6 de julio del 2020, recoge su malestar, ya que afirman que a muchos ciudadanos con discapacidad “se les ha quitado el carné durante estos últimos años a pretexto de la renovación impulsada por Conadis (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades) y MSP (Ministerio de Salud), o se les ha negado la emisión del carné”.

Esto ha traído como consecuencia que las personas con alguna patología sufran discriminaciones o violación a sus derechos, ya que no pueden acceder a los beneficios en servicios públicos, por ejemplo.

“Es dramática la situación pues personas que sí tenemos discapacidades hemos debido vivir un calvario para obtener nuestro carnet; desde enfrentarnos a un sistema burocrático impasible, obtener una cita en hospitales o centros de salud asignados por el MSP que puede tardar meses o no llegar nunca, hasta lidiar con funcionarios públicos que lo único que hacen es entorpecer más el proceso y, en el camino, vulnerar derechos”.

Ante esta realidad rechazan acciones como la supresión de los documentos, aunque fuese temporal, ya que se vulneraría los derechos humanos. Ellos recomiendan que se debería hacer un proceso más efectivo para retirar los carné a quienes no lo necesitan y, a su vez, agilizar los trámites a quien sí tiene alguna enfermedad o patología.

“No se atrevan ahora a exponernos para saldar su negligencia como gobierno y casta política. Y advertimos que no permitiremos que el Estado, por lavar su conciencia y supuestamente ‘corregir el error’, nos expongan nuevamente a las niñas, niños y adultos con discapacidad, a pasar el calvario del proceso burocrático para ejercer nuestros derechos humanos constitucionalmente establecidos”.

Además, solicitaron que se transparente el proceso de emisión de los carnés y, en caso de que se haga una adecuación en la normativa, se base en estándares internacionales. Esto puede realizarse bajo el monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impedir que haya manipulación en los procesos.

Durante la emergencia sanitaria por covid-19 se emitieron 3 000 carnés de “manera ilegal”, ya que, en esta época hubo una pausa administrativa, por lo que no pudieron ser aprobados. De ellos, 2 281 ya han sido revisados y están en proceso de anulación, reveló el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el jueves 2 de julio del 2020 en una rueda de prensa.

El titular del Conadis, Xavier Torres, señaló: "estamos preparando, como otras instancias, un borrador con propuestas para ajustar la normativa". La intención del Primer Mandatario al suspender los procesos de importación, de modo temporal -subrayó- ha sido mejorar procesos, no dar paso a la regresión de derechos.

La exlegisladora María Cristina Kronfle, quien es parte del Conadis, dijo que espera que la depuración del registro de personas con discapacidad no tome mucho tiempo. "Hay que identificar a quienes han importado vehículos tras haber obtenido carnés de forma fraudulenta, ilegítima e ilegal. Pensar en trabajar en un ajuste integral a la normativa es absurdo, tomará mucho tiempo. Hay que mejorar los controles para que nadie abuse de derechos de las personas con discapacidad".

La abogada comentó que supo que se intenta formar veedurías ciudadanas, para vigilar los procedimientos de emisión de carnés de discapacidad. Pero recordó que "eso debería estar legalizado por el Consejo de Participación Ciudadana, cuyo presidente, según se supo también tiene un carné. Habría que revisar la valía de ese documento".

Kronfle, quien se moviliza en silla de ruedas, dijo que ha recibido cientos de mensajes en sus redes sociales de personas que dicen llevar años intentando sacar el carné y que le cuentan que les han enviado de un centro de salud a otro. "Hay que corregir eso".

En el país están registradas 485 325 personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicológica, en la página del Conadis.

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