Gonzalo Lascano interviene en su calidad de coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas, en la audiencia pública de la Corte Constitucional de este jueves 28 de mayo del 2020. Foto: Captura
El representante del Ministerio de Finanzas, Gonzalo Lascano, señaló este jueves, 28 de mayo del 2020, ante los jueces de la Corte Constitucional que los fondos de la educación superior pública no se han destinado a otros fines. “No se toma del componente educación para destinarlo para otras cosas, todos los componentes caen por la baja de los ingresos”.
La audiencia se realiza luego de que la Corte recibiera varias demandas de incumplimiento del artículo 165 de la Constitución, que establece la prohibición del uso de fondos de salud y educación en el contexto del estado de excepción. Organizaciones sociales y universitarias presentaron acciones por el recorte de USD 98 millones del presupuesto de universidades y escuelas politécnicas públicas.
Ni legal ni técnicamente es posible, dijo Lascano, tomar fondos de salud y educación para atender la emergencia sanitaria. El funcionario señaló que si los ingresos del país caen, el resultado es que los presupuestos se ajusten. Además aseguró que el proceso es automático y técnico y “no depende de la voluntad del Ministerio”.
Lascano señaló que la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas se ha apegado a estricto derecho y constitucionalidad. Además desestimó las acciones de incumplimiento, le parece que son improcedentes.
La Ley –explicó Lascano– establece que el Ministerio de Finanzas realice una revisión trimestral de los presupuestos, “entendiendo que los ingresos pueden subir o bajar”. “El presupuesto es dinámico. Sería irreal hacer una estimación a finales del 2019 y que quede grabado en piedra”.
La audiencia se retomará pasadas las 15:00 para una ronda de réplica y se extenderá para escuchar a ciudadanos que presentaron amicus curiae en contra de la reducción del presupuesto a las universidades.
En la mañana también participó de la audiencia el rector de la Universidad Central, que les recordó a los jueces constitucionales que los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana encuentran en la universidad pública la única posibilidad de acceder a un mejor horizonte familiar. Afectar a la educación, dijo, es también golpear a la salud y viceversa. Les reiteró que ni en condiciones de excepción como las ocasionadas por la emergencia sanitaria se pueden tocar los fondos.
En este centro de estudios como en otros hay un grupo de alumnos en los quintiles más bajos de pobreza, que no cuentan con conectividad. Y la universidad tiene que resolver, usando más presupuesto para garantizarles el derecho a la educación.