Edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que es necesario un nuevo examen actuarial sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sin embargo, los afiliados no podrán conocer sobre este estudio, sino hasta dentro de 15 años.
La realización de un informe actuarial ha sido un pedido constante de representantes de empresarios, trabajadores y pensionistas.
Pero una resolución de la Superintendencia de Bancos, publicada en enero del 2016, declaró como reservados estos estudios necesarios para las instituciones del sistema nacional de seguridad social.
Los análisis que sobre esos informes se realicen también tendrán sigilo. Esa calidad se pierde luego de 15 años, a partir de su fecha de clasificación.
Se incluyen también auditorías internas, externas y sus correspondientes informes sobre el IESS y otras entidades de la seguridad social.
La medida preocupa a gremios de trabajadores y empleadores porque los informes actuariales son proyecciones matemáticas que permiten saber si los ingresos que tiene el IESS van a alcanzar para cancelar las obligaciones futuras de la entidad.
El propio Presidente indicó que estos documentos técnicos permitirán conocer qué acciones deben tomarse y cómo garantizar a futuro las pensiones y servicios que brinda a los afiliados y a los jubilados.
La resolución que declara reservada esta información, numerada SB-2015-742, se justifica en el artículo 72 del Código Monetario. Esa norma dispone que “los informes de auditoría, inspección, análisis y los documentos que el superintendente califique como tales, serán escritos y reservados”.
Por otra parte, quien divulgue información sometida a este sigilo será sancionado con una multa de 25 salarios básicos unificados, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, de acuerdo con el artículo 272 del Código.
El superintendente de Bancos, Christian Cruz, argumentó que la información financiera de las entidades que supervisa es pública, no así los documentos referidos a análisis técnicos y auditorías. Aclaró que estas decisiones rigen para todas las entidades bajo su control y no solo para el IESS.
El último informe actuarial que se conoció sobre el IESS, fue un estudio parcial de Volrisk, sobre el cambio en las tasas de contribución de los afiliados, publicado en octubre del 2015. Ese documento daba cuenta de que en 40 años al IESS le faltarán USD 208 841 millones para cubrir las pensiones. Es lo que se conoce como déficit actuarial.
Patricio Alarcón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, recordó que los trabajadores del país son dueños de los fondos del Seguro Social, por lo que tienen derecho a revisar sus saldos. Incluso es partidario de que cada trabajador tenga una cuenta única de sus ahorros en el IESS.
“La primera señal de confianza que debe dar el Presidente de la República es que se derogue esta resolución”.
Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de la Construcción, no conoce de la resolución, pero consideró que al amparo de estas reservas se pierde la posibilidad de conocer la real eficiencia de los administradores de la institución y de las medidas que están tomando para precautelar los ahorros.
El Frente Único de Trabajadores exige que el manejo del IESS se transparente. “Una resolución no está por encima de la ley ni de la Constitución”, dijo el presidente de este gremio José Villavicencio.
El actuario Rodrigo Ibarra explica que en otros países la práctica es que la ciudadanía tenga acceso a la información. “La transparencia genera confianza y permite que los afiliados conozcan cómo está la situación del fondo de pensiones y que se puedan hacer los ajustes correspondientes”.
Sobre estos cuestionamientos, Cruz señaló que cada gremio tiene su representante en el IESS y “seguro ellos tendrán mecanismos de comunicación para conocer las decisiones que se toman en la entidad”.